Por Inés Tiphaine ([email protected])
Un informe realizado por el Observatorio de Violencia Obstétrica de Argentina (OVO), iniciativa autogestiva e interdisciplinaria impulsada por la agrupación Las Casildas, dio a conocer que si bien el trato digno hacia las mujeres deber ser una constante de sentido común inherente a las prácticas en salud, «nos encontramos con un alto índice de maltrato verbal, que por supuesto afecta de manera negativa al bienestar de la persona gestante y el proceso de trabajo de parto».
La evidencia de los datos recolectados indica que un alto porcentaje de las mujeres atraviesan el nacimiento de sus hijos e hijas inmersas en un ambiente hostil.
De qué se trata
La Ley 26.485, de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en los Ámbitos en que desarrollen sus Relaciones Interpersonales, en su artículo 6 establece como violencia obstétrica «aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicación y patologización de los procesos naturales, de conformidad con la Ley 25.929». Esta última es conocida como Ley de Parto Humanizado.
La violencia obstétrica es una de las formas de violencia de género más naturalizada, además de una problemática de salud pública. La mayoría de las personas con capacidad de gestar no saben en qué consiste, ni que existe. Se puede ejercer durante el embarazo, el parto, el post parto y el aborto. Es decir, en cualquier momento del proceso reproductivo.
Excesiva realización de cesáreas
Carina Krasnoff, médica especialista en pediatría, comenta que «violencia obstétrica tiene que ver con toda situación en una escena de parto y nacimiento en la cual la mujer no es respetada. Dónde su voluntad y su deseo no son respetados».
El informe realizado por la agrupación Las Casildas muestra un dato relevante que se relaciona con la programación de las cesáreas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la semana promedio en la cual se presentan los partos (semana 38.7), el sistema de salud está programando mayor cantidad de cesáreas e inducciones de las medicamente justificables. Un dato que se confirma y recrudece si se tiene en cuenta que la media de la semana de la gestación para cesáreas programadas es de 38.4 y, en caso de inducciones, 38.8.
Un problema cultural y político
Violeta Osorio, miembro de la Agrupación Las Casildas dice que la violencia obstétrica «no es un problema de las mujeres sino cultural y político. También falta información en los profesionales de la medicina, de los deberes y derechos que tienen para con las mujeres. Falta mucha información y es muy difícil acceder a ella».
Y agrega que «cuando una mujer se acerca a una institución médica, lo que busca es ciencia, legalidad y seguridad. Sin embargo, cuando uno va a la clínica, según los índices de violencia obstétrica expresados en las intervenciones realizadas, estos lugares terminan siendo sitios inseguros. Sin embargo gozan del poder social, de lo que llamamos la impunidad del ambo. Es un secreto a voces que se vulnera el derecho de gran parte de las mujeres en el parto y no pasa nada».
Un testimonio desgarrador
M. R., médica que prefiere no revelar su identidad, relata la experiencia vivida durante su primer parto, donde afirma haber sufrido violencia obstétrica. «Hace 18 años tuve mi primer parto en una institución muy reconocida de Capital Federal. Yo le había avisado al médico que no quería parir en una posición acostada ni que me practicaran una episiotomía. Como médica, sé que no era necesario. Quería hacer el trabajo de parto con la mayor movilidad posible. Nada de esto fue respetado», relata.
Y continúa: «cuando empiezo con las primeras contracciones me dicen que vaya a la institución a pesar de no tener dilatación. Al llegar, inmediatamente me ponen un goteo de oxitocina, que no había pedido, y me dejan acostada en una camilla. Todo mi trabajo de parto fue acostada, en ningún momento tuve un espacio para moverme como yo había pedido. Como ya no aguantaba más el dolor me pusieron la anestesia epidural. En ese momento yo era obesa, me la pusieron mal y me dijeron que era porque yo tenía mucho sobrepeso, que por eso había entrado mal la aguja. En ese momento no sentí más mi cuerpo. Veía que todos se agarraban la cabeza porque me la habían puesto mal y mi marido y yo, que somos médicos, estábamos desesperados».
M. R. agrega «no me dejaron parir sentada, me ataron de brazos y piernas, me dejaron acostada y me hicieron una episiotomía contra mi voluntad. Sentí mi primer parto como una violación porque nada de lo que yo pedí fue respetado, hicieron lo que quisieron con mi cuerpo, lo que ellos consideraban que tenían que hacer, pero no me permitían a mí, siendo profesional de la salud, ser la dueña de mi situación».
Cómo hacer una queja administrativa
Osorio relata cómo se puede realizar una queja administrativa por un caso de violencia obstétrica: «Una de las cosas que más se observa en estos casos es el no entender qué paso. En Argentina no existen sanciones para la violencia obstétrica y no existe la posibilidad de generar una denuncia. Lo que las mujeres pueden hacer es una queja administrativa, con todo lo que conlleva. Esa queja se lleva a dos organismos: la Defensoría del Pueblo y la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de Violencia de Género (CONSAVIG). Oficialmente existe el plazo de dos años después del nacimiento del hijo, y el trámite se puede presentar para realizar estadísticas».
Con respecto a la Ley 26.485, La doctora Krasnoff dice que «no se cumple por la asimetría de poder y porque la escena de parto pasa a ser un acto médico. El poder lo tiene el médico y claramente lo ejerce, por eso no se cumple la ley». Violeta Osorio agrega que «no basta con que las mujeres estén informadas. No depende de nosotras, sino de quienes ejercen estas prácticas. Por eso hay una cuestión política. Hay una ley pero también hay un desconocimiento sobre los deberes que tienen los profesionales; la ley 25.929 establece derechos hacia nosotras pero nunca se habla de que hay deberes para los equipos de salud y para las instituciones. Hablamos de los derechos de las mujeres pero no de los deberes de los equipos médicos».
F.T., una vecina del barrio de Palermo, relata su experiencia durante su primer parto. «En el momento que iba a tener a mi hija, fui a una institución muy reconocida en la Ciudad de Buenos Aires dónde tuve que esperar a que llegue la partera para empezar el parto, pero ella se retrasó. El médico que debía realizarme la cesárea no quería hacerla, estando ya acostada en una camilla. Recibí mal trato verbal y físico por parte de él y del equipo médico».
La contracara de la violencia
En los últimos años, a raíz de las denuncias de violencia obstétrica que han trascendido, son muchas las mujeres que se informan y que comienzan a pedir partos humanizados para traer a sus hijos al mundo. Al respecto, Krasnoff dice que «la contracara de un parto violento es uno donde el deseo de la mujer es respetado. Si la mujer quiere tener una cesárea, o si quiere parir sin ninguna intervención, sus derechos deben ser respetados. Ella y su hijo deben ser los únicos protagonistas y el equipo médico debe ser acompañante del proceso por si aparece una complicación».
Al respecto, Osorio dice que «como agrupación, en Las Casildas nos parece importante decir que la información es poder, y que hay que ser visible lo invisible. Es difícil que las mujeres podamos evidenciar la violencia que padecemos en nuestros partos. Empezamos el camino de repararnos por dentro. Pero hay que ser conscientes de que no somos culpables de la violencia que padecemos».