Por Inés Tiphaine ([email protected])
Edición: Florencia Romeo ([email protected])
En el marco del séptimo aniversario de la primera marcha de «Ni Una Menos«, el viernes 3 se realizaron numerosas movilizaciones en todo el país contra la violencia machista. La principal fue en los alrededores del Congreso Nacional, escenario de la histórica movilización del 3 de junio de 2015, tras el femicidio de Chiara Páez.
La fecha fue recordada por buena parte del arco político, incluido el Presidente de la Nación Alberto Fernández, quien, a través de un mensaje en su cuenta de Twitter, destacó: «Hace 7 años las mujeres y LGBTI+, alzaron la voz al grito de: ‘Ni Una Menos’. Desde el Gobierno, escuchamos la demanda de las calles y la tradujimos en políticas públicas para acompañar a quienes atraviesan situaciones de violencia de género en su camino a una vida libre«.
Una de las entidades participantes fue MuMala (Mujeres de la Matria Latinoamericana), cuyo Observatorio Nacional registró en estos siete años la escalofriante cifra de 1956 femicidios, femicidios vinculados y trans/travesticidios.
En diálogo con El Café Diario, Victoria Aguirre, abogada especialista en Políticas Públicas y vocera de MuMaLa señala: «Nuestra consigna es que nos mata el machismo y nos golpea la pobreza. Sin articulación de políticas de Estado es muy difícil salir de la situación de violencia» y exige la declaración de Emergencia Ni Una Menos y medidas contra la «feminización de la pobreza», que «atraviesa y profundiza las violencias«.
¿Cuáles son los puntos más importantes en la convocatoria de este séptimo aniversario?
El 3 de junio siempre nos reúne para recordar y visibilizar las víctimas de femicidios y transtravesticidios. Hoy los reclamos concretos son la Declaración de la Emergencia Ni Una Menos, y políticas públicas para que se termine con la feminización de la pobreza.
Ya pasaron siete años desde la creación del Observatorio Nacional de Mujeres, Disidencias y Derechos. ¿Qué cambios se lograron?
Logramos que la sociedad en conjunto repudie la violencia machista, que se visibilice lo que nos pasa a las mujeres y disidencias, además de tener la posibilidad de contar con datos concretos sobre lo que falta en materia de políticas públicas.
¿Faltan políticas públicas, hay un Estado ausente en temas de violencia de género?
Nuestro eje este año es «Nos mata el machismo y nos golpea la pobreza» porque, justamente, lo que venimos denunciando, además de los femicidios, es la feminización de la pobreza, recrudecida por el acuerdo del Fondo Monetario Internacional (FMI), el pago de la deuda ilegítima, la precarización laboral. Todos estos ejes económicos que a nosotres nos terminan vulnerando aún más, además del sistema patriarcal que nos oprime.
Plan de acción
¿Qué se debería hacer para revertir el tema de que las denuncias no queden en el olvido?
Las denuncias deberían poder monitorearse, no quedar 3 días en un cajón, esperando ir a una fiscalía de turno. Por eso también pedimos más fiscalías especializadas.
A partir del caso de Úrsula Bahillo se vieron las fallas en el botón antipánico. ¿Cómo funciona y cómo debería denunciar la víctima a su agresor?
El caso de Úrsula no sólo puso de manifiesto las fallas del botón antipánico, sino también en que el 9% de los femicidas pertenece a las fuerzas de seguridad. Exigimos también la implementación de dispositivos duales que permitan monitorear a ambas personas para evitar los feminicidios.
¿Sirven los botones antipánico?
Con el tema de los botones antipánico primero la persona tiene que haber hecho una denuncia y esa denuncia haber originado una perimetral. Después se evalúa si corresponde o no el botón antipánico. El problema es que no hay tantos botones, se calcula que hay apenas un botón cada diez personas que denuncian. Realmente es muy poco como para echar toda la carga sobre esto. El problema son los abordajes previos, qué pasa con esas denuncias que no se ejecutan o no llegan a ninguna instancia.
Según sus relevamientos, ¿hubo un aumento de casos durante la pandemia?
Durante la pandemia se pudo demostrar que la violencia de género es algo constante, al punto que los femicidios no descendieron en pandemia y, de hecho, aumentaron los intentos de homicidio.
No se puede decir que falten leyes, teniendo en cuenta que están vigentes la ESI y la ley Micaela, por ejemplo. ¿Qué es lo que falla, entonces?
La ESI se aplica a discreción del docente, instituto educativo o escuela. No hay un monitoreo por parte del Estado sobre cómo o de qué forma se va a implementar. Es preocupante porque es un pilar fundamental para terminar con la violencia de género. La ley Micaela depende del organismo como se implementa. Es algo que se está haciendo, pero con criterios muy diversos. Todavía es pronto para advertir si hay o no una aplicación correcta.