Por Inés Tiphaine ([email protected])
La conmoción provocada por el femicidio de Úrsula Bahillo, asesinada por Matías Martínez, oficial de la Policía bonaerense al que la víctima había denunciado en 18 oportunidades y quien, a su vez, ya tenía acusaciones anteriores de otras damnificadas, motiva marchas y protestas en diferentes puntos del país, con las sedes judiciales de cada lugar como destino.
para simbolizar a las víctimas de femicidios.
Todavía no se han cumplido 2 meses en lo que va de 2021 y ya han sido asesinadas 49 mujeres. Los femicidios de adolescentes y jovencitas hacen especial mella en la opinión pública. En 2015, el de Chiara Páez, en 2016 el de Lucía Pérez en 2016, entre otros, y el de Úrsula en 2021, han conmovido, indignado y movilizado a la sociedad.
Úrsula Bahillo ha sido asesinada en la localidad de Rojas, provincia de Buenos Aires. Confluyen varios motivos para que la indignación haya ganado la calle: la edad de la víctima, las denuncias múltiples realizadas previamente y la profesión del asesino, un dato que no es casual: de acuerdo a datos del Observatorio de Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá), el 12% de los femicidios de este año han sido cometidos por efectivos y personal de las fuerzas de seguridad.
Medidas que no alcanzan
Silvia Ferreyra, Coordinadora de MuMaLá indica que «en el caso de las medidas preventivas, tiene que haber una inversión importante en recursos humanos para todo lo que sea materia de asistencia a quienes atraviesan situaciones de violencia porque, en realidad, no siempre hay recursos que puedan dar cuenta del acompañamiento que se requiere para poder realizar la denuncia».
Ferreyra agrega que más del 80% de las víctimas de femicidios que tienen relevados en su Observatorio no han realizado denuncias previas: «estamos seguras de que no confían en que esa denuncia vaya a cambiar su situación de vida, como bien demuestra el caso de Úrsula. Se habían hecho todas las denuncias y se habían librado todas las alertas. Sin embargo, terminó en un femicidio«.
Contención al otro lado de la línea
La 144 es la línea telefónica a la que puede acudir la mujer que sufre violencia de género. Ahí recibirá contención y asesoramiento. En el mejor de los casos, se sentirá fortalecida y ese llamado se habrá convertido en el primer paso del camino para salir de la violencia. Pero la realidad indica que, en muchos casos, la víctima no denuncia ni llama por miedo al agresor, por eso es importante tener alguien de contención, ya sea familiar o un amigo.
Carolina Páez, referente de MuMaLá, psicóloga social y trabajadora de la guardia del 148 de Desarrollo Social de Neuquén para la atención, asesoramiento y asistencia de las víctimas, argumenta que «la violencia de género, una vez anunciada y denunciada a las instituciones estatales, debe ser abordada de manera integral y con perspectiva de género. Hay que trabajar con las mujeres y con los varones. La presencia del Estado implica romper con la dinámica de la violencia. No debe ocurrir que les denunciantes se encuentren con la revictimización, la desidia y el abandono estatal, porque ya conocemos de eso, y sabemos bien que nos pone en una situación de riesgo mayor».
En ese sentido, un aspecto clave es el del acceso a la Justicia en un sentido amplio, lo que implica la participación de varios organismos estatales: Policía, Salud, servicios psicosociales, fiscalías, juzgados de familia, juzgado penales.
Al respecto, Páez puntualiza que «es importantísimo que desde el centro de cada institución, de manera genuina, asuman la responsabilidad de formarse, de entender la realidad de manera criteriosa, y poder actuar a fin de promover el cambio. El pacto entre varones debe ponerse en tensión. Lo que ocurrió con las denuncias policiales reiteradas que realizó Úrsula desnuda el pacto machista entre policías, porque un policía la mató, pero también hay otros garantizando el encubrimiento del femicidio. Hay un accionar negligente que se accionó en contra de la norma por parte de quienes deberían promoverla, garantizarla».
Penas y sanciones
En casos como este no alcanza con penar al criminal. «A los varones transgresores les corresponde la ley penal, pero a los agentes estatales que accionan en detrimento del estado de derecho, les debería caber alguna sanción. Necesitamos un Poder Judicial con perspectiva de género. Úrsula realizó 18 denuncias que parecieron no ser necesarias. Por eso decimos que el Estado y los gobiernos son responsables», reflexiona Páez.
Lo que resulta «intolerable es que el femicidio de Úrsula haya sido un crimen anunciado. Sus 18 denuncias no garantizaron que el Estado arbitrara los recursos institucionales necesarios para dar con la prevención del femicidio. El varón devenido en femicida no fue controlado a tiempo por el Estado y eso es un asunto de Seguridad. Por eso -enfatiza la entrevistada- es necesario ahondar en un criterio nuevo de Seguridad para casos de violencia de género. Que hagan foco en el control hacia los varones y la revisión de los actos revictimizantes de los distintos organismos que deben dar atención inmediata«.
Por un Estado presente
Las medidas de asistencia que suelen aplicarse en casos de violencia de género no suelen resultar suficientes ni efectivas. Un botón antipánico es apenas una buena intención, porque es la propia damnificada quien debe activarlo, algo que le resulta complicado en el momento en que es agredida. Ni que hablar si el botón o la tobillera electrónica del victimario no tienen señal. O como en el caso de Úrsula, que como son otorgados por las fuerzas policiales de cada juridiscción, llegó un día después de su asesinato. «Pueden ayudar pero no suelen ser los recursos más adecuados», sostiene Silvia Ferreyra.
También agrega que debe haber patrocinio gratuito y jurídico y que el Estado debe ocuparse de garantizarlo: «hay herramientas por parte del Poder Ejecutivo, por ejemplo, para enfocar en el interior de las fuerzas de seguridad. El problema es que su instrumentación en la práctica depende de cada jurisdicción y el factor común es la lentitud».
En ese sentido, Ferreyra manifiesta que «exigimos que haya un protocolo interno en las fuerzas de seguridad para aquellos agentes que tienen denuncias previas de violencia, además de políticas de desarme; que se les retire el arma». Los datos no mienten: muchos femicidios se cometen con el arma reglamentaria y una gran parte de quienes los llevan a cabo son agentes de seguridad en actividad, o retirados.
La referente de MuMaLá subraya que «contamos casi cincuenta muertes por violencia machista en nuestro país en 45 días del año. El hecho de tener más muertes violentas que días nos impulsa a salir a las calles a hacer escuchar nuestro reclamo frente a los tribunales de todo el país«.