Abogado Laboralista, docente y escritor
La Ley Previsional se debió sancionar en 2022 en el Congreso de la Nación. Ley que extendía un nuevo plan de pagos de deuda previsional para los trabajadores y trabajadoras de la República Argentina, que contando con la edad jubilatoria carecían de la totalidad de aportes.
Los aportes previsionales del trabajador en la Argentina son la base de su jubilación. Constituidos a través de la retención directa de su empleador, quien, si ha cumplido como corresponde, ha integrado sumas de dinero para el sostenimiento del Sistema Único de la Seguridad Social en el marco del régimen de solidaridad y reparto que caracteriza al régimen previsional vigente.
Sin embargo, es cierto es que el sistema históricamente se ha visto desfinanciado por la gran incidencia porcentual del trabajo total de la Argentina, que se encuentra fuera de registración y por ende elude el financiamiento legal del sistema. Es que en la República Argentina, lejos de lo que las cuestionables estadísticas oficiales afirman, el trabajo informal ronda el 40%.
Esto se debe a que, en Argentina, la economía informal, mueve muchos recursos y genera un círculo vicioso entre la necesidad de los sectores productivos de emerger como sea en una economía en crisis permanente.
Resistir, mantenerse a flote y convivir con la necesidad de lograr un equilibrio en el sistema de recaudación impositiva que le permita al Estado sostenerse. Una quimera ayer, hoy y, ¿para siempre?
Lo cierto es que las leyes de moratoria previsional no son más que una reparación histórica a la deficiencia del Estado para generar condiciones de trabajo genuinas para el empleo registral.
Y es que a pesar de los comentarios que se intentan instalar, la gran mayoría de los trabajadores en Argentina prestaron tareas durante la mayor parte de los años de su período activo bajo condiciones dictadas por la informalidad.
¿Le agradará a alguien rendirle culto a la vagancia toda su vida, sin un salario, sin un ingreso digno, sin una obra social, sin un seguro de vida o sin la posibilidad de cobrar aguinaldos y vacaciones pagas?
Es mentira que la gente prefiera eso pero muchas veces ese es el argumento falaz con que se intentan sofocar las políticas de justicia social que implican ser las moratorias previsionales.
Luego, la política pone el palo en la rueda: el gasto público se escurre en banalidades como pauta propagandística, geles íntimos en salud, contratos privados y negociados turbios, etcétera, mientras el país se pregunta a diario de qué manera se le puede agregar valor de verdad a la gente.
Ciertamente es necesario que la Ley Previsional salga de inmediato. A ver si los legisladores se dignan a cumplir con el mandato popular y los más de 700.000 argentinos y argentinas pueden comenzar a jubilarse en este 2023.