Por Federico Esteban ([email protected])
El colectivo de las mujeres que lucha por el tratamiento y aprobación de la Ley de Aborto Legal, Seguro y Gratuito y su ola verde ha logrado mantener en agenda el debate por la iniciativa. Sólo por ellas, desde 2018 -año en el cual la normativa llegó al recinto pero fue rechazada en el Senado- y aún durante la cuarentena, la discusión por la ley se ha mantenido en el escenario público. Con mayor o menor notoriedad, la ola verde que busca salvar vidas ha conseguido que el proyecto sea debatido nuevamente en el Congreso en los próximos días.
Promesa de presidente
Tratar la ley había sido una promesa del presidente de la Nación, Alberto Fernández, en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias. También, era el deseo de muchas funcionarias del gobierno actual, que asumió en diciembre de 2019. Pero era y es, sobre todas las cosas, el máximo objetivo de quienes visibilizan la gran cantidad de muertes de mujeres por interrupción voluntaria del embarazo en centros clandestinos, lugares en donde el negocio es más importante que la salud. El Estado busca arrojar luz y brindar asesoramiento y acompañamiento para que el derecho de elegir sobre el propio cuerpo sea efectivamente cumplido.
De cara a los próximos días, el proyecto a debatirse en el Congreso surgirá de los presentados tanto por el Ejecutivo como por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y la diputada nacional del Movimiento Evita, Araceli Ferreyra. Respecto al primero, el proyecto es muy similar al rediseñado por el colectivo de mujeres tras el revés sufrido en el Senado hace dos años. Así las cosas, pese a no hacerlo público, el Ejecutivo contempla la serie de demandas expresadas por la Campaña Nacional aunque una de las grandes divergencias radica en la objeción de conciencia, a partir de la cual, cualquier especialista médico puede negarse a practicar el aborto a base de la contrariedad de principios que pueda manejar el profesional en cuestión.
Patricia Bustamante Quintero es, además de abogada, una de las integrantes de la organización lanzada formalmente el 28 de mayo de 2005, en el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. En 2016 comenzó a militar activamente en la Campaña y, en 2018 se convirtió en representante por la Capital Federal en la comisión de articulación nacional encargada de conectar las redes interprovinciales.
«Tenemos un proyecto presentado en mayo del año pasado y que se podría haber tratado desde aquel momento pero no hubo voluntad política. Entendemos y sabemos por la reunión que tuvimos con Sergio Massa que se está esperando a que se presente el proyecto del Ejecutivo para avanzar en su tratamiento», le cuenta a El Café Diario. Consultada sobre si el movimiento tiene certezas de la iniciativa a presentarse por el Ejecutivo, asegura: «no sabemos qué dice el proyecto».
Secretismo
En ese sentido, Quinteros explica: «el proyecto del Ejecutivo no lo conoce nadie más allá de las especulaciones que podamos hacer. Vilma Ibarra (secretaria Legal y Técnica) dijo que iba a ser muy parecido al que había salido con media sanción en 2018. Esa media sanción incluye objeción de conciencia individual y una pena posterior a la semana 14 tanto para las personas gestantes como para el personal médico».
En tanto que el proyecto diseñado por la Campaña «es muy político, no establece penas para nadie, ni para las personas gestantes, ni para el personal médico». Además, señala: «no contempla la objeción de conciencia ni institucional ni individual porque no tenemos un acuerdo sobre este aspecto». Quintero enfatiza en su mirada personal: «no estoy a favor de la objeción porque no creo que una persona, un profesional de la salud, pueda objetar un derecho. Se trata de respetar un derecho».
Respecto al tratamiento legislativo y a la posibilidad de que, de una vez por todas, la despenalización y legalización del aborto sea ley, desde la Campaña advierten tener los votos necesarios para lograr el gran objetivo. «A nosotras sí nos dan los números y apelamos a que al momento en que se inicie el debate, haya más legisladores y legisladoras convencidos de sancionar este derecho”, precisó hace algunos días Celeste Mac Dougall, integrante del colectivo verde.
«No queremos dar los números que manejamos pero tenemos una comisión de la Campaña integrada por compañeras que están en el Congreso y en las distintas provincias. Ellas vienen realizando reuniones desde siempre con diputados, diputadas, senadores y senadoras de todos los arcos políticos, y lo que nos dicen es que nos darían los números para que el proyecto se haga ley», sostiene Quinteros en la misma sintonía.
“Tenemos que seguir impulsando el debate, nosotras nunca paramos ni nos sentamos a esperar. Estamos en una posición de exigencia”, dice Quintero como resumen de su lucha
Mayans y Cristina
Pese a ello, el movimiento ‘pro vida’ mantiene su oposición. Y no sólo desde las opiniones corrientes que pueden encontrarse en la sociedad civil. Algunos funcionarios, oficialistas y opositores, ya se han expresado en contra, y se han puesto de manifiesto las internas sobre el tema. En esta línea, el jefe de bloque de senadores por el oficialismo, José Mayans, ha cuestionado el proyecto. «Nosotros queremos las dos vidas y el respeto a la Constitución. Es absolutamente inoportuno. Es la causal de muerte número 74. Tenemos otros problemas, de diabetes, cardiovasculares. Tenemos otras prioridades. No es el momento», considera el legislador.
La opinión de Mayans describe de forma gráfica el aviso de la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien acaso ya haya alertado al Gobierno acerca de que el proyecto aún no cuenta con los votos necesarios en la Cámara alta.
De esta forma, el debate entre verdes y celestes en el Congreso se asimila de 2018. En Diputados, mientras tanto, el movimiento feminista logra su cometido para propulsar por segunda vez la media sanción al proyecto.
En el Senado los indecisos están llamados a desequilibrar la balanza. Cabe recordar que en 2018, la votación había terminado 38 a 31 a favor de los ‘pro vida’. No obstante, desde la Campaña, las expectativas permanecen intactas después de lograr mantener la discusión en agenda.
«Tenemos que seguir impulsando el debate, nosotras nunca paramos ni nos sentamos a esperar. Estamos en una posición de exigencia», dice Quintero como resumen de su lucha. Ellas, las mujeres, no pueden esperar más después de haber hecho casi todo para conseguir la aprobación de la ley. El Estado, desde el Congreso, es el que debe dar la respuesta final.