Por Facundo Torres ([email protected])
Los incendios en el interior del país, la deforestación y la Ley de Humedales son algunas de las ausencias más resonantes entre las medidas ambientales anunciadas por el Gobierno. «No podemos perder ni una hectárea más», reclama la organización Greenpeace.
El “Plan de Políticas Ambientales” -tal el nombre del paquete de medidas anunciado por el Ejecutivo─ fue presentado por el presidente Alberto Fernández junto con Juan Cabandié, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Tiene entre sus objetivos principales la erradicación de basurales a cielo abierto, promover la agroecología, fomentar el reciclado, impulsar una ley de educación ambiental y el fortalecimiento del Plan Nacional de Manejo del Fuego.
«Las medidas son necesarias pero insuficientes», aseguran los representabtes de Greenpeace y referentes ambientalistas sobre los anuncios realizados por el Gobierno nacional en materia ambiental. Son ambivalentes ya que, por un lado y entre otras cosas, incluyen avances importantes en cuanto a educación ambiental y erradicación de basurales, pero también se destacan por la ausencia de medidas para resolver problemas apremiantes como los incendios en el interior del país, la deforestación o la sanción de una Ley de Humedales.
Medidas insuficientes
Frente a estos anuncios, desde la organización ambiental Greenpeace celebran las medidas que se adoptan, aunque subrayan la ausencia de políticas puntuales destinadas a resolver los problemas más urgentes en materia ambiental. «Las medidas que se han tomado son importantes y necesarias, pero a la vez completamente insuficientes frente a la crisis climática que tenemos y los problemas ambientales que se presentan en todas las provincias», señala Hernán Giardini en diálogo con El Café Diario, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace.
«Lo de los basurales es un tema muy importante, sobre todo para las poblaciones lindantes, e impacta en un montón de municipios. La educación ambiental y el reciclado también son aspectos clave. Es decir, son medidas buenas, que no son criticables en sí mismas, pero no son políticas de fondo», sostiene Giardini en el mismo sentido.
Ranking mundial de deforestación
Dentro del Plan de Políticas Ambientales se palpa la ausencia de una política referida concretamente a la deforestación, que, según Greenpeace, es el problema más urgente que enfrenta el país en las últimas décadas. «En los últimos 30 años se han perdido ocho millones de hectáreas de bosque nativo, principalmente en la región chaqueña que comprende provincias como Chaco, Salta, Santiago del Estero y Formosa», alerta Hernán Giardini. Esos datos ubican a la Argentina dentro del top 10 de países con mayor deforestación a nivel mundial, listado en el que también figuran Paraguay y Brasil.
La legislación nacional vigente se basa en la Ley de Bosques sancionada en 2007, que sentó un gran precedente en la materia a nivel regional aunque continúan los desmontes, lo que demuestra la necesidad de ampliar la cobertura legal. «Es urgente que se catalogue como delito penal a los incendios y desmontes de bosques y humedales, y se obligue a los responsables a su restauración. No podemos perder ni una hectárea más», destaca al respecto Greenpeace mediante un comunicado oficial.
Ley de humedales vs. Lobby legislativo
En sintonía con la Ley de Bosques, las organizaciones ambientalistas luchan por la sanción de una Ley de Humedales que proteja las más de 600.000 hectáreas (21,5% de todo el territorio nacional) comprendidas dentro de este ecosistema que se ven año a año amenazadas por intereses económicos.
«Es la tercera vez que se presenta la Ley de Humedales y los lobbys persisten en su negativa para que no se apruebe. Lobby inmobiliario, agropecuario y minero en contra, que ya lograron dos veces que no avance. La oportunidad está y hubiera sido importante que esté también la decisión política plasmada en estas medidas, como señal para los legisladores oficialistas», sostiene Giardini en relación al proyecto de ley que empieza a tratarse en las comisiones legislativas.
«De todas maneras, hay que ver qué ley sale finalmente; nosotros esperamos que sea la más restrictiva, que permita algunas actividades pero siempre y cuando no dañen al humedal en su condición de tal», manifiesta el vocero de Greenpeace. «Obviamente la Ley no va a resolver lo que ocurre hoy, pero busca resolver de acá en adelante un problema de fondo. La situación de destrucción de los ecosistemas no da para más, no solo en Argentina sino a nivel global», alarma.
Minería ilegal y fábricas de cerdos
La actividad minera es otra de las grandes preocupaciones ambientales por su alto nivel de contaminación y por el lobby que ejercen las empresas transnacionales poderosas para su desregulación.
«Hay algunas mineras como la Barrick Gold que operan sobre zonas de glaciar y no deberían hacerlo. Es la misma empresa que terminó con cinco derrames, algunos de los cuales ni siquiera los había comunicado. Son corporaciones muy poderosas», denuncia Giardini. Vale recordar que la Ley de Glaciares sancionada en 2010 prohíbe las actividades industriales y mineras sobre los glaciares y su entorno.
Por último, el discurso ambiental del Gobierno se ve deslegitimado por el avance en simultáneo en la firma de un acuerdo con China para la instalación de mega granjas de cerdos, que va a contramano de las nuevas medidas anunciadas.
«Nos preocupa el lugar de instalación de las fábricas porque hay señales de que lo quieren instalar en el norte, lo cual puede significar mayor deforestación», manifiesta Giardini al respecto. «Por otra parte, los métodos que se utilizarán no son agroecológicos. Todo indica que se trata de un modelo de granjas industriales, con corrales de animales hacinados. Es decir, no se fomenta la soberanía alimentaria; el proyecto no va camino a eso, sino que se sigue pensando en un modelo agroexportador», concluye el vocero de la ONG.