Por Sabina Nallim ([email protected])
El femicidio de Florencia Romano conmociona a Mendoza y a todo el país. La reacción de decenas de personas, incendiando la Legislatura y arremetiendo contra una comisaría, muestra el grado de indignación y hartazgo de una sociedad golpeada, que se siente indefensa. El asesinato de Florencia, una adolescente de 14 años, termina de marcar a 2020 como el año en que la violencia de género recrudeció al punto de exhibir el grado superlativo de desprotección en el que se encuentran las mujeres, más allá del alcance de la cuarentena, el aislamiento y la recesión económica.
A esto se suma la dificultad de articular redes de contención para mujeres vulneradas durante la pandemia. Siete de cada diez asesinadas han perdido la vida por circunstancias vinculadas con ataques machistas según un informe presentado a principios de este año por el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Si bien las cifras preocupan, no son solo números, son historias. La de Florencia Romano, pudo y debió haber tenido otro final.
El 911 cortó la llamada
La joven fue encontrada sin vida 6 días después de su desaparición. La familia tuvo que viralizar el pedido de ayuda para que la policía mendocina se dignara a comenzar su búsqueda. Si bien La denuncia fue radicada el domingo 13 de diciembre, un día después de su desaparición, el inicio de la búsqueda fue retrasado por «la ausencia del fiscal».
La impotencia y la indignación colectiva crecieron cuando salió a la luz el dato de la llamada infructuosa al 911: un vecino del femicida había escuchado gritos y alertó a la Policía. La operadora Soledad Herrera no tomó en serio el reclamo y cortó la llamada. Si tanto ella como los agentes apostados en la comisaria local, a dos cuadras de la casa del femicida, hubieran hecho lo que debían hacer, habrían podido salvar a Florencia Romano.
El desinterés, el maltrato y la desidia de las fuerzas del orden en la mayoría de las situaciones que derivan en estos desenlaces, hacen que muchas mujeres se pregunten quién las protege y qué se puede hacer frente a semejante nivel de inacción.
de haber cometido el femicidio de Florencia Romano.
El cadáver de Florencia Romano fue encontrado a las 18.30 del jueves siguiente por personal de la Policía Científica y de la Unidad Fiscal de Homicidios, en un cauce de riego en Maipú. El cuerpo estaba envuelto en mantas y parcialmente calcinado. Según los resultados preliminares de la autopsia, fue golpeada en gran parte del cuerpo. Por el crimen de la joven ha sido detenida una pareja a la que la víctima había conocido por la red social Instagram.
Carnicero con antecedentes
Pablo Arancibia (33) y Micaela Méndez (27) fueron arrestados antes del hallazgo de cadáver de Florencia, quien se había dirigido a la casa de ambos la noche del sábado 12 de diciembre. Una vez encontrado el cuerpo, fueron imputados por el delito de femicidio en grado de coautoría, que prevé una pena de prisión perpetua. Arancibia, carnicero de profesión, solía contactar a menores por las redes sociales, delito que se conoce como grooming o ciberacoso. Según ha trascendido, para capturarlas les mentía acerca de su edad y las seducía prometiéndoles cosas que pudieran necesitar.
En 2020 el Estado ha sido condenado por primera vez por no proteger a una víctima de femicidio. Se trata de la salteña Claudia Sierralta Carrizo, quien fue asesinada por su pareja en 2014. Recientemente, la Sala Tercera del Tribunal de Impugnación, confirmó la condena a cadena perpetua para José Adrián Chiló, el femicida, y también ratificó que el Estado provincial deberá pagar una compensación a los hijos de la víctima en concepto de reparación integral por los daños causados por la muerte. El femicida Chiló le había advertido al cuerpo médico de la policía salteña que estaba consumiendo estupefacientes y solicitó que le retiraran su pistola reglamentaria, pedido que fue desoído por las autoridades provinciales.
A raíz del femicidio de Florencia Romano, desde sectores diversos conciben la idea y la necesidad de crear un registro con los nombres de aquellos hombres que tienen antecedentes penales relacionados con la violencia de género. Pablo Arancibia ya tenía denuncias por haber cometido violencia y haber amenazado de muerte a su expareja. Además, había agredido a una mujer y la había mantenido cautiva 3 días en su casa. A pesar de estos antecedentes, Arancibia nunca fue detenido, demorado y jamás registró ingreso alguno en una cárcel.