ExJuez Guillermo Tiscornia: “Los jueces le tienen miedo al Gobierno”

Por Nicolás Avellaneda
avellaneda.elcafediario@gmail.com

El Dr. Guillermo Tiscornia fue juez federal en lo penal económico, cargo del cual fue removido por darle curso a una denuncia presentada por el mismo gobierno que le echó. Así de absurdo, pero la relación entre la Justicia y el poder político incluye más ejemplos de ese estilo. El Juez que procesó a Franco y Mauricio Macri en la causa SEVEL (Sociedad Europea de Vehículos para Latinoamérica), se confiesa en diálogo con El Café Diario.

El Dr. Guillermo Tiscornia, durante la entrevista con El Café Diario.
(Foto: Luciano González)

El gobierno ha sacado por Decreto de Necesidad y Urgencia la extinción de dominio. ¿Qué opina?

En línea con opiniones críticas como las de los doctores Gregorio Badeni, Félix Loñ, Andrés Gil Domínguez y también Ricardo Monner Sanz, voces calificadas en materia de derecho constitucional, no cabe duda de que esta iniciativa es inconstitucional por donde se la mire. Además, y en cuanto al aspecto coyuntural, no hay necesidad ni urgencia. ¿Por qué? “Necesidad” no hay porque el Parlamento argentino tiene para su tratamiento un proyecto de ley con el mismo contenido. La extinción de dominio.

Este DNU demuestra que el Ejecutivo intenta invadir la esfera del Legislativo pues está legislando en forma autónoma. Por otra parte, “Urgencia” no hay ninguna porque el 1 de marzo el Congreso retomará su actividad ordinaria y habitual. Y no creo que de acá al primero de marzo sobrevenga una hecatombe o una catástrofe en el país como para impedir que el Parlamento retome sus actividades, entre las cuales estará el tratamiento del mencionado proyecto. De allí que no aparece la “Urgencia” que alude el Ejecutivo.

Y pasemos a la cuestión de fondo. La Constitución es muy clara en cuanto prohíbe, en materia de DNU, tratar tres cuestiones fundamentales: la electoral, la tributaria y la criminal. Sin duda acá hay una intromisión directa en una materia de derecho penal. Porque la extinción del dominio refiere a la pena de “decomiso” de los activos que pueden ser bienes registrables, muebles o inmuebles; predios rurales, dinero, participaciones en sociedades o activos bursátiles. Así, la extinción de dominio es una pena del derecho criminal. En otros términos: es la pena de “Decomiso irredimible”, lo que significa que el Estado se apropia de los bienes objeto del delito y luego los subasta. Pasó en el caso de María Julia Alsogaray a quien, una vez que fue condenada y la condena quedó firme, le remataron el petit hotel que tenía en la calle Juncal.

El Dr. Tiscornia analiza la relación entre el Poder Ejecutivo y el Judicial.
(Foto: Luciano González)

El Poder Ejecutivo intenta invadir la esfera del Legislativo, pues está legislando en forma autónoma. La Constitución prohíbe en materia de DNU, tratar 3 cuestiones fundamentales: la electoral, la tributaria y la criminal. Por eso acá hay una intromisión directa en una materia de derecho penal”

Este DNU también es inconstitucional por otras razones. Porque consagra una suerte de aplicación retroactiva, es decir hacia el pasado, lo cual en derecho penal es algo inadmisible. Segundo, y lo que es más grave, subvierte el principio de inocencia. Pretende maquillar, como si se tratara de una acción civil, algo que sin dudas es una categoría del derecho penal.

Para ello se aplica un artilugio argumental señalando que se trata de “una acción civil autónoma” que la va a tramitar el fuero civil y comercial federal, como si acaso pudiera descontextuarse del proceso criminal, cuando en realidad hay una relación directa entre el proceso criminal y las consecuencias de ese proceso, que en este caso es la pena de decomiso. Por lo cual no se puede pretender que, en forma autónoma, un juez civil y comercial federal aplique la extinción de dominio al mismo tiempo que un juez federal penal investiga el delito.

Esto puede llevar al absurdo de que por ejemplo hoy, en febrero de 2019, a una persona le incauten y subasten todos sus activos sospechados de provenir del delito. Pero que en el 2022 un juez penal le pida disculpas por “las molestias ocasionadas” y lo declare inocente. Acá también hay que decir que el Estado argentino no puede exhibir credenciales muy creíbles a la hora de resarcir a los ciudadanos con los que pierde juicios. Se sabe que, con el argumento de la emergencia económica, el Estado argentino resarce una vez que tiene una condena en su contra, y lo hace pagando en bonos. Así, al damnificado no le van a devolver el valor actual de lo que le quitaron sino que le van a pagar con valores depreciados.

El Dr. Tiscornia, junto a Nicolás Avellaneda, periodista de El Café Diario.
(Foto: Luciano González)

Este DNU provoca que en febrero de 2019 a una persona le incauten y subasten sus activos sospechados de provenir del delito pero en 2022 un juez le pida disculpas por “las molestias ocasionadas”, la declare inocente, y a la hora de resarcirla le pague con valores depreciados”

Entonces… ¿Es un DNU con poca vida?

Bueno, mire… Voces calificadas como las que mencioné al comienzo, sobre todo las de Badeni y Loñ, de quienes nadie puede decir que sean críticos de esta gestión de gobierno, dieron una opinión muy profesional, muy técnica, y esa opinión es lapidaria. En síntesis, las críticas han sido abrumadoras y desde muy diversos espectros. Este DNU no puede andar, de ninguna manera.

¿Es sólo es una maniobra político-electoral?

Yo creo que en realidad hay una gran subestimación del electorado, porque me parece que existe un deseo de llevar adelante esta iniciativa con un doble propósito. Por un lado, el Gobierno toma esta iniciativa pensando que va a contar con el beneplácito de determinados sectores de la ciudadanía y que le va a permitir recaudar más sufragios en octubre. Y por otro lado, lo que el Gobierno pretende es colocarse en posición de víctima diciendo “miren, yo hice todo lo que pude para secuestrar los bienes de la corrupción pero el Congreso no me deja”. Por eso digo que están subestimando la inteligencia del electorado.

Los temas candentes de la realidad judicial, jurídica y política del país, bajo la óptica de un juez creíble. (Foto: Luciano González)

El electorado lo que percibe es que la Argentina tiene serios problemas estructurales en materia macroeconómica. La ciudadanía está siendo muy castigada con la suba de las tarifas, con la inflación… El sistema macroeconómico está muy flojo en sus tres patas. El sector externo no está muy bien que digamos; en materia de inversión directa, en América Latina, la Argentina está quinta en el ranking. Acá digamos que hay inversiones que son electro dependientes y nuestro país no se preocupó mucho por mejorar su matriz energética. Además, también cayó el consumo. De modo que la gente no es tonta y se da cuenta de que la del DNU, es una maniobra distractiva.

El Gobierno subestima al electorado, que percibe que Argentina tiene serios problemas macroeonómicos. Toma la iniciativa del DNU pensando que contará con el beneplácito de determinados sectores, y a la vez se victimiza buscando trasladar la responsabilidad al Congreso”

Ya hablamos de una ley. Hablemos de la Justicia y de sus problemas.

El problema de la Justicia es crónico. Es un problema global, dentro de uno histórico. Ya hace más de 150 años, en Estados Unidos, Alexander Hamilton decía que el poder político siempre ha pretendido ejercer intromisiones dentro del Poder Judicial, acompañado de factores mediáticos de fuerte poder empresarial. El ensayista francés Jean Claude De Villevaux, en su obra ‘La tradición y la ilusión’ analiza el problema francés y explica cómo, la permanente intromisión del poder político, en consonancia con factores mediáticos de fuerte presencia empresarial, también socavan el Poder Judicial en Francia. Así, está claro que el problema es global.

El poder político siempre ha pretendido ejercer intromisiones dentro del Poder Judicial, acompañado de factores mediáticos de fuerte poder empresarial, y esto sucede a nivel global desde hace más de 150 años”

Y en la Argentina, es algo histórico. Hay fueros judiciales que son estratégicos y sensibles para el poder político, particularmente dos de ellos: el Criminal y Correccional Federal, y el Contencioso Administrativo Federal. Porque allí se dirimen cuestiones que afectan directamente al Estado nacional y se producen fallos que pueden perjudicar al Estado. Y a veces, del gobierno de turno. Por eso las distintas gestiones de gobierno se han encargado de monitorear el funcionamiento de ambos fueros.

El Dr. Tiscornia fue presionado y amenazado, y explica cómo el poder político de turno controla a la Justicia. (Foto: Luciano González)

A su vez, los jueces federales tienen en claro que la política los designa, pero también los remueve. Por eso, por más que se haya creado el Consejo de la Magistratura, en definitiva lo que prima es la negociación política. Los jueces lo saben. Y como no tienen vocación autodestructiva, no se suicidan. Hay reglas implícitas de juego. Recuerde que en la época menemista, todas las investigaciones y denuncias que hacía la oposición sobre María Julia Alsogaray, Alderete, etcétera, etcétera, dormían el juicio de los justos en los despachos de Tribunales. Lo primero que hizo (Fernando) De la Rúa al asumir como presidente fue crear la Oficina Anticorrupción, eufemísticamente denominada “la Oficina Anti menemista“.

Hay dos fueros judiciales estratégicos y sensibles para el poder político en Argentina, el Criminal y Correccional Federal, y el Contencioso Administrativo Federal. Ahí se dirimen cuestiones que afectan al Estado nacional y el Gobierno los monitorea a su favor”

Usted recordará a qué distinta velocidad empezaron a moverse entonces todas las causas que involucraban a ex funcionarios del gobierno anterior. Los jueces federales saben muy bien que si las investigaciones van a fondo cuando el poder político está fuerte, su estabilidad en el cargo peligra.

Le voy a presentar una prueba contra fáctica. El Dr. Luis Leiva, entonces Juez Federal de Mendoza, a fines de 1999 tuvo una muy mala ocurrencia. Investigar el holding financiero del empresario Raúl Moneta. Claro, Moneta tenía entonces muy buenas relaciones con el poder político de ese momento. Tanto con el presidente De la Rúa a través del jefe de Gabinete, Christian Colombo -hombre vinculado al sector financiero-, como también con Eduardo Duhalde, quien después asumiría la presidencia del país. Resultado: el juez Leiva fue violentamente eyectado de su cargo, acusado de “mal desempeño”. El juicio político, desde luego, fue una parodia.

La connivencia entre partes. Otro tema espinoso. (Foto: Luciano González)

Per además pasó otra cosa. La Corte Suprema, que seguía siendo la de (Carlos Saúl) Menem, trasladó toda la causa a la justicia federal porteña. Y ahí se acabaron los problemas del señor Moneta. Por supuesto, pasó lo mismo luego durante el gobierno kirchnerista. Muchas de las causas de hoy, por ejemplo más de una que involucra a Julio De Vido, habían sido presentadas por Elisa Carrió allá por 2008. Y déjeme decirle que, al margen de la cuestión probatoria, acá hay una cuestión cultural. Los jueces están atemorizados. Y saben que no pueden actuar cuando el poder político está fuerte; por eso cuando el gobierno se debilita o cuando cambia el signo político gobernante, las causas que estaban en el freezer pasan al microondas y las que subían por la escalera pasan al ascensor.

El ejemplo de cómo actúa un gobierno contra los jueces cuando es investigado alguno de sus socios, es el Dr. Luis Leiva, exJuez Federal de Mendoza, quien fue eyectado de mala manera y acusado cuando se puso a investigar al empresario Raúl Moneta en 1999″

¿A usted le pasó algo parecido a lo que le ocurrió a su colega Leiva?

Mire, no me gusta la auto referencia, pero sí. Y Leiva y yo no somos los únicos. El 30 de noviembre de 1996 apareció una nota en la revista Noticias en la cual Domingo Cavallo -que ya no era Ministro de Economía y había formado su agrupación política Acción por la República-, decía “yo no amenazo pero simplemente digo: si el Licenciado Parino (entonces Director General de Aduanas) va a prisión será una injusticia. Y el juez Tiscornia irá a juicio político”. Otro ejemplo. El 22 de diciembre de 1996, Julio Blanck, fallecido periodista del diario Clarín, publicaba una nota en la cual decía “Juego de presiones cruzadas entre Menem y Cavallo”.

El Dr. Tiscornia procesó al actual presidente de la Nación.
(Foto: Luciano González)

En el texto, la nota hablaba de “una fuente inobjetable” que había permitido el acceso a un diálogo telefónico entre Cavallo y Hugo Anzorreguy, entonces titular de la SIDE. Supuestamente Cavallo le decía a su interlocutor: “hola Hugo, habla Domingo Cavallo. Decile a Menem que si el lunes la Cámara en lo Penal Económico no libera a Parino, salgo a hablar y volteo al gobierno”. Creo que más virulento que esto, imposible. Por supuesto, dos días después Parino fue liberado cuando el 24 de diciembre es un día inhábil, o de asueto.

Y le doy un último ejemplo. El 28 de julio de 1998 tanto el diario La Nación como Clarín decían en sus tapas: “el juez Tiscornia condena a 10 años de prisión al ex director de la Aduana alfonsinista Juan Carlos Delconte”. En efecto, la condena existió y fue por contrabando agravado. Ni bien se conoció el fallo, empezaron a surgir declaraciones, como las del entonces diputado radical Melchor Cruchaga, la diputada peronista Nilda Garré y el diputado de Acción por la República Guillermo Francos. Casualmente los tres decían que el fallo era “oportunista” y que el juez Tiscornia buscaba con ello “mejorar su imagen”.

En síntesis, durante 10 años recibí embates permanentes desde el poder político, con denuncias en mi contra promovidas por Elisa Carrió, Federico Storani, Marcelo Stubrin… Claro, yo había condenado al que manejaba la caja negra del alfonsinismo. Y no estoy acusando a Raúl Alfonsín, aunque sí creo que él debió, en su momento, ocuparse personalmente del tema y no lo hizo.

Yo he sufrido 10 de años de embates del poder político; Cavallo me amenazó con hacerme un juicio político cuando incluso el diario Clarín publicó una amenaza suya al gobierno de Menem, y condené a quien manejaba la caja negra del alfonsinismo”

Esquivó a Menem, a Cavallo, a De la Rúa, las denuncias de Carrió, pero finalmente lo echaron igual. ¿Qué más hizo?

Bueno, a ver… No me gusta victimizarme, me gusta ser autocrítico. Yo funcionaba a la velocidad de un Fórmula Uno. Claro, entonces tenía 39 años y no tenía la madurez de ahora cuando, viendo las cosas con el diario del lunes, la primera autocrítica que hago es que si hubiera ido a una velocidad más moderada hubiera hecho mejor las cosas, con más calidad. Eso aún cuando creo que en el caso de la Aduana Paralela hubo un trabajo muy serio –absolutamente respaldado por el fiscal Raúl Pleé-.

¿Qué pasó conmigo, “qué hice”? Yo apliqué siempre la ley, con quien fuera. Se tratara de un director de la Aduana como Juan Carlos Delconte, como Gustavo Parino o de empresarios como Franco y Mauricio Macri a quienes procesé por contrabando agravado en el marco de un régimen de intercambio compensado con Uruguay, en el recordado caso SEVEL. Vea, un juez tiene que aplicar la ley en los casos que le toquen, se llamen como se llamen los involucrados, así se llame Nilda Garré

Yo apliqué siempre la ley con quien fuera, se llamaran Franco y Mauricio Macri, Juan Carlos Delconte, Gustavo Parino, o Nilda Garré, y aunque tuviera que soportar presiones del gobierno de turno o de su entorno”

Eso fue, ¡la procesó a Garré!

Sí, porque a mí nunca me gustó alimentar la perversidad del sistema “durmiendo” las causas que involucran a personajes del gobierno hasta que ese gobierno se vaya para recién entonces activarlas. En este caso, yo recibí un dictamen categórico de una fiscal federal (Carolina Robiglio), dictamen del cual surgía que una exportación de unos 6.700 kilos de partes y accesorios de fusiles FAL a Estados Unidos, iba a salir del puerto de Buenos Aires con una valuación de, apenas, 2.600 dólares. El embarque, cuya factura pro forma en Estados Unidos era de 96.000 dólares, fue frenado por la Aduana cuyo director, Ricardo Echegaray, quien después presentó la denuncia.

Los casos más comprometedores de los últimos años, en la mirada del exJuez Guillermo Tiscornia. (Foto: Luciano González)

De modo que yo cumplí con la ley. El propio Estado presentó la denuncia a través del Director General de Aduanas. El embarque existió, al igual que la valuación, y el dictamen de la fiscal era impecable. Así que procesé a la despachante; al interventor de Fabricaciones Militares y a otro funcionario de esa repartición; a otros funcionarios que debieran haber ejercido un control que no existió, y a Nilda Garré en su carácter de ministra de Defensa.

Lo cierto es que poco después de eso Cristina Fernández de Kirchner, que por esos días era candidata a presidente y daba una conferencia de prensa en España, ante una pregunta de la periodista de Clarín, Ana Barón, dijo que “el juez Tiscornia no va a ser ni juez, ni camarista ni nada. Lo vamos a echar”. Ahí comenzaron todos los embates que no dejaban de constituir un absurdo. Cristina Fernández se quejaba de un juez que había dado curso legal a una denuncia presentada por el propio Estado, que entonces presidía su esposo. Pero así fue. Y hasta me armaron una causa sobre un supuesto pedido de coima de mi parte a la empresa Codere.

Lo destituyeron pero, ¿cómo terminó todo?

Bueno, aún no terminó. Sí terminó lo de Codere que, además de fraudulento, era demasiado endeble. La causa no estaba siquiera en mi tribunal, la tenía el fiscal. Así que en diciembre de 2015, en lo que fue el último acto en ese alto tribunal del Dr. Carlos Fayt, la Corte coincidió con todas las instancias anteriores y me sobreseyó con las firmas del propio Fayt, el Dr. Ricardo Lorenzetti y la Dra. Elena Highton de Nolasco. En cuanto a mi destitución, hice lo que debía. Agoté las instancias en la Argentina y luego llegué a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El 4 de mayo del año pasado la CIDH admitió mi planteo, observó el procedimiento de remoción y declaró que fui ilegalmente privado de la obra social del Poder Judicial y también de mi cargo de juez federal, lo cual abre las puertas de un serio problema para el Estado argentino porque puede incurrir en responsabilidad internacional, a la vez que enfrenta otros cinco casos más o menos similares al mío.

El que citaba antes, del Doctor Leiva de Mendoza; el caso de una jueza del Trabajo, a la que nadie conoce, la Doctora Mirta Torres Nieto; el del ex juez del Trabajo de San Isidro Doctor Eduardo Rico y el del ex juez Carlos Fraticelli, a quien acusaron nada menos que del asesinato de su hija, algo que jamás se probó. A Fraticelli le arruinaron la vida. Lo destituyeron, lo destruyeron moralmente, y lo metieron preso. El caso llegó a la Corte Federal, que anuló todo lo actuado por la justicia santafesina. Fraticelli fue absuelto y lógicamente obtuvo un informe favorable de la CIDH. A todos estos casos hay que sumarle el del ex miembro de la Corte Suprema Antonio Boggiano. El tema es que la Argentina tiene un serio problema en materia de remoción de jueces, problema que cada gobierno de turno parece ignorar (en mi caso, aún no he tenido respuesta del ministro de Justicia –Germán Garavano-, que no sabe ni contesta).

Hay una historia global de más de 150 años que señala la injerencia del poder político en las cuestiones judiciales. (Foto: Luciano González)

El Estado argentino está frente a un problema serio de responsabilidad internacional con lo que hizo con la Doctora Mirta Torres Nieto, con los doctores Leiva, Eduardo Rico, Carlos Fraticelli y conmigo, y con Antonio Boggiano, exmiembro de la Corte Suprema”

¿Cómo ve el funcionamiento de la Justicia ordinaria? La bonaerense, sin ir más lejos.

El fallecido juez Juan Mackintach era muy crítico de la actual justicia bonaerense, producto de la reforma que en su momento llevó adelante en 1997 el entonces ministro de Seguridad y Justicia bonaerense, León Arslanián. Ante todo, hay un problema estructural de la justicia criminal a partir de la falta de recursos y de que las jurisdicciones son muy extensas como Morón, San Martín o La Matanza. Pero por otro lado hay un problema cultural. Varias cámaras ocultas y trabajos de investigación de colegas suyos lo demuestran.

Hay varios casos de connivencia entre fiscales y policías. A propósito: la Doctora Sandra Arroyo Salgado (jueza federal penal de San Isidro) está investigando todo un entramado que involucra a parte de los integrantes de departamento judicial, incluido el ex Procurador Julio Novo, con el doble crimen de Unicenter, ocurrido en 2008. En este caso, la connivencia se habría dado entre funcionarios judiciales y los investigadores policiales del hecho. En San Martín se han detectado maniobras parecidas. Los policías arman causas falsas u ocultan pruebas de delitos verdaderos, y los fiscales actúan en consecuencia, exceptuando a culpables y castigando a inocentes.

La Justicia bonaerense se encuentra frente a varios problemas. La falta de recursos, la extensión enorme de las jurisdicciones, y la connivencia. Los policías arman causas falsas u ocultan pruebas de delitos verdaderos, y los fiscales actúan exceptuando a culpables y castigando a inocentes”

¿Y entonces, cuál es la solución? ¿O no la hay?

El problema es estructural, y se agrava por el crecimiento exponencial del delito. Ahora, ante todo, hay que ampliar la cantidad de unidades fiscales. Pero al mismo tiempo hay que revertir ese problema cultural del que hablábamos, revertir al menos en parte esa relación perversa entre malos policías y malos fiscales.

Y ojo, que algo de eso puede afectar a Comodoro Py. El senador (Fernando) Pino Solanas hablaba (aunque creo que con exceso) de la existencia de una suerte de red cloacal que vinculaba a sectores del aparato de inteligencia con los jueces federales. Como sea, creo que hay que transparentar esa relación que desde luego debe existir entre fiscales y policías, jueces y espías, pero que no tiene por qué ser perversa ni delictiva.

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Medio cooperativo. Periodismo.

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