El Caballo de Troya

Por Roberto Martínez
Director

Argentina es el país latinoamericano que más ha avanzado en el control de las Fuerzas Armadas en los últimos 40 años. El 13 de diciembre de 1983, Raúl Ricardo Alfonsín, presidente de la República entre aquel año y 1989, marcó un antes y un después en la historia del país al emitir un decreto por medio del cual ordenó someter a juicio a los máximos cargos que integraron las tres primeras juntas militares.

Hasta ese momento, la llamada Sociedad Civil, liderada por miembros de la alcurnia capitalista, referentes de grupos de poder y grandes corporaciones, se habían valido de las Fuerzas Armadas para hacer tambalear primero y derrocar después a gobiernos cuyas políticas velaban por el interés colectivo y relegaban a un segundo plano los suyos. Razón por la cual, cada Golpe de Estado en Argentina recibió el nombre de Golpe Cívico-Militar.

A punto de cumplirse 40 años de aquel hito, tras la neutralización de las FA, el Caballo de Troya elegido por la Sociedad Civil en el Siglo XXI para lograr sus propósitos es el Poder Judicial. Engordar los bolsillos de jueces y fiscales y traficar influencias le garantiza la judicialización de la política. Así, el dinero que antes financiaba golpes duros con uniforme, hoy los subvenciona blandos y disfrazados de traje y corbata.

La gravedad del lawfare, la guerra sucia jurídica (y/o judicial), ha quedado expuesta a través de un chat descarado y este martes 6 de diciembre, en el Día Nacional del Gaucho, puede protagonizar la mayor guachada: sentenciar a una vicepresidenta a prisión en una Causa (Vialidad) dibujada por los mismos protagonistas de ese chat.  

Mientras tanto, el artículo 256 bis del Código Penal, que castiga el delito de tráfico de influencias con una pena de 1 a 6 años de cárcel o reclusión, e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública como pena accesoria, yace tirado y harapiento en las escaleras de Tribunales como otro de los cientos de indigentes que pululan las calles de la CABA.     

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