Por Sabina Nallim ([email protected])
Editado por Bia Viteri ([email protected])
Una migrante venezolana, de 18 años, asistió a una entrevista de trabajo en un local de ropa, ubicado en la calle Paso 693, en la Capital Federal, y de inmediato, comenzó su primera jornada laboral. Transcurridas unas horas se percató de que algo andaba mal pero nunca pensó que podía ser víctima de un abuso sexual. Irineo Humberto Garzón Martínez, su empleador, quien en ese lapso le había insistido para que tomara algo supuestamente por la alta temperatura, incluso hasta «un vaso de vodka», a lo que ella se negaba, cerró la puerta al público, bajó la persiana del local e incluso colocó un candado.
La joven le llegó a avisar a Thays, su madre, mediante mensajes de WhatsApp, que se encontraba mareada tras haber tomado un vaso de agua que había servido el acusado mientras ella atendía a los últimos clientes en el local antes de que quien se había dado a conocer como «Santiago», en vez de su nombre real, cerrara la puerta. Cuando la policía ingresó al local, la joven estaba semidesnuda, inconsciente y con signos visibles de abuso sexual. La familia radicó la denuncia al día siguiente, primero con la carátula de «abuso sexual simple», que después se recalificó como «abuso sexual agravado con acceso carnal».
Si bien el acusado quedó detenido el mismo día, la jueza Karina Zucconi firmó su excarcelación unos días después. Se trata de la misma jueza que ha sobreseído en varias ocasiones a Francisco Amador, quien asesinó en 2010 a Marianela Rago, su expareja, al degollarla y asestarle, además, 23 puñaladas. Los abogados querellantes sostienen que existe un gran peligro de fuga, por lo que presentaron una apelación contra la libertad condicional del sujeto. Sumado al horror de la situación que vivió la joven, la decisión de la jueza Zucconi terminó de generar indignación: carteles con el lema «los violadores no se liberan» cubrieron las persianas del local durante las protestas pacíficas para pedir justicia que se han llevado a cabo primero el 28 de enero, y este 1 de febrero después.
Si bien el acusado quedó detenido el mismo día, la jueza Karina Zucconi firmó la excarcelación unos días después.
La estrategia de Garzón
Encubierto con el nombre «Santiago», Garzón publicaba en distintos grupos de la red social Facebook anuncios como: «se solicita vendedora por la zona de Once para local de indumentaria dejar CV o para info x privado». Es así como lograba entrar en conversación con las aspirantes a la ‘oportunidad’ laboral.
La perspectiva de la comunidad venezolana
María Laura Chang es una periodista venezolana especializada en derechos humanos, salud y migración. Asistió a la protesta y propició la difusión del caso a través de las redes sociales: «La marcha fue muy emotiva para mí; generalmente, cuando hay reclamos de índole política solo asistimos los venezolanos, pero esto transcendió la nacionalidad. No fue masiva, pero hubo muchas personas que se acercaron para mostrar su indignación».
En diálogo con El Café Diario, Laura es taxativa:
¿Cómo influye ser migrante y mujer?
Las personas migrantes muchas veces son más vulnerables a ciertas situaciones porque carecen de círculos de apoyo para hacer frente a problemas como la precarización laboral o la falta de trabajo. Si no tienes trabajo y estás en tu país, puedes acudir a un préstamo familiar o a algún amigo que te ayude con algún contacto, pero los inmigrantes no. En el caso de las mujeres migrantes, muchos se aprovechan de las circunstancias para cometer crímenes sexuales, como vemos en este caso. La mayoría de las veces, las mujeres migrantes no conocen la cultura local ni la forma de comunicación esperada ni la reputación de los lugares que visitan en la cuidad donde buscan trabajo, y eso las hace más vulnerables.
el acusado debía declarar vía la plataforma Zoom.
Más allá de la falta de empatía de la Justicia, ¿siente que el caso tardó en difundirse?
Siento que este caso no fue difícil de difundir por sus características. Una amiga de la familia de la víctima lideró la campaña de difusión. Esta chica es argentina y, precisamente por ser de aquí, supo cómo actuar y hacia qué medios dirigirse para generar presión. En Argentina hay una comunidad de venezolanos cada vez más grande y hubo mucha solidaridad; se siente la injusticia y el deseo de que la chica y su familia no estén solos, ya que muchas mujeres han pasado por lo mismo. Es la solidaridad que genera migrar.
Si bien en nuestro país no hay datos oficiales de la cantidad de venezolanos trabajando, el número viene en alza desde 2015. Según datos oficiales de la Dirección Nacional de Migraciones, 165.688 venezolanos han obtenido permiso de residencia en Argentina desde 2015 hasta fines de 2019.
¿Qué oportunidad de reflexión amerita este caso?
Aquí hay una oportunidad para poner ciertos temas en la mesa, como la condición de las mujeres migrantes, quienes muchas veces son representadas por el feminismo local de forma sesgada. Esto llevaría a considerar la trata de personas o la extorsión sexual de mujeres venezolanas en Argentina. Estos temas aquí casi no se mencionan en los medios de comunicación, al contrario de lo que ocurre en países como Colombia y México, o en el Caribe.
Continúan las protestas
Quienes exigen justicia para la joven venezolana se congregaron al pie de la Corte Suprema de Justicia con camisetas que llevaban la inscripción: «Los violadores, a la cárcel». La familia de la víctima mantiene su reclamo, que se extiende por la comunidad migrante: «estos hampones saben dónde reclutar chicas: en grupos de extranjeros o entre personas vulnerables; es por esto que tenemos que denunciar todos los abusos, maltratos o situaciones extrañas que percibamos» enfatiza Natalia Osorio, de Colombianos en Buenos Aires, comunidad en la red social Facebook.