Cuatro familias resisten desalojo en el barrio de San Telmo

Por Diego Jáureguis

Cuatro familias resisten el desalojo de una propiedad ubicada en la calle Bolívar 763, en el barrio de San Telmo, desde hace más de 10 días. El conflicto, que no es muy claro todavía para los inquilinos, comenzó cuando el supuesto dueño del inmueble, Jorge Schmukler, los dejó encerrados encadenando la puerta. Por disposición de la policía, durante los primeros seis días nadie pudo salir o entrar.

“No podíamos salir para comprarles nada a los chicos”, relata una de las mujeres.

En el interior hay 15 menores y cinco personas adultas. Entre los menores, dos son discapacitados, y recibieron atención del SAME gracias a la cobertura realizada el día sábado por el medio Crónica TV.

“Al sexto día ya no dimos más porque no teníamos nada para los niños. Se nos había agotado la comida”, relata Flor, madre de tres hijos.

En ese lapso, según cuentan los mismos inquilinos, fueron hostigados por efectivos de la comisaría de la zona.

“Como ellos tenían la llave, podían entrar y salir. Entraban a la medianoche a patearnos las cosas, a rompernos las cosas.” De acuerdo con los testimonios, la policía se llevó el inodoro, además de romper puertas y una cocinita que era de uso común. Los allanamientos nocturnos habrían sido cuatro, todos entre las dos y las tres de la madrugada.

En los dos primeros, los mismos efectivos les comunicaron que estaban allí para negociar en nombre del supuesto dueño del inmueble. En las otras dos ocasiones lo hicieron con las armas en la mano, cuando todos dormían, obligando a los habitantes a salir al patio con la excusa de que tenían a varios niños secuestrados. Sin embargo eran los hijos e hijas de las mujeres del lugar y que fueron censados más tarde, junto a los adultos, por disposición de la Fiscalía Nº 13.

En los últimos meses varias personas se presentaron como supuestos dueños de la propiedad. A todos ellos, según lo acordado, se les venía pagando un alquiler. Una de las mujeres confirmó que pagaba 7.000 pesos por mes por una habitación que compartían entre tres familias: “…ahora está todo complicado. Entonces, basados en la situación, estábamos obligados a vivir así.”

El drama de los desalojos violentos en la Capital Federal suma un nuevo capítulo en el barrio de San Telmo.
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La orden de desalojo

Después de varios días se personó en el lugar la Oficial de Justicia, María Luisa Miranda, para notificar la orden de desalojo emitida por la Fiscalía del Fuero Penal, Contravencional y de Faltas Nº13. Según el documento se intima al abandono del inmueble en un lapso de 72 horas.

Desde el primero de los allanamientos los mismos inquilinos venían reclamando algún documento que justificara el accionar de las fuerzas de seguridad. “No nos traían nada, nunca vino una orden de desalojo, nunca vino nadie a conversar con nosotros.”

Las dos mujeres, que ayer se acercaron a la Fiscalía, donde se las notificó de la emisión de la orden, relataron que no recibieron ninguna solución y que fueron tratadas como usurpadoras. “Nosotros no vamos a discutir con ustedes. Váyanse y consíganse un abogado”. Esa fue la única respuesta que obtuvieron.

Cómo puedo yo salir a trabajar si me tiene encadenada”

Por recomendación, las cuatro familias siguen encerradas en la propiedad. Ahora se dispuso que las personas puedan salir a comprar y trabajar. La llave y el candado están en posesión de los inquilinos. Sin embargo, Flor, que a raíz de esta situación perdió su trabajo de costurera, cuenta que prefiere que “todo esto esté más calmado” y que “quiten la consigna de estar encerradas” porque no se siente segura de dejar a sus hijos solos para “ir a buscar otra vivienda” o “ir a trabajar”. Además, como asegura, antes de venir a San Telmo: “hice de todo, pero acá en Capital no conseguía garante con propiedad. Hoy si no trabajás en blanco, no te van a alquilar”.

Su compañera de habitación, que estaba embarazada de ocho meses, tuvo una descompensación por la experiencia estresante que supuso el encierro y los allanamientos en la madrugada. Además, por disposición de la policía, se había impedido el ingreso del marido, a quien se quiso detener. Hoy esta mujer está en casa de una amiga y su embarazo es de alto riesgo, de acuerdo con lo que comentó el esposo cuando pudo ingresar para retirar todas las pertenencias. Según relataba la mujer embarazada, hacía cuatro años que buscaban tener un bebé y por eso “se cuidaba mucho de que este bebé nazca. Pero a la policía no les interesaba nada”, recuerda su compañera.

Los inquilinos buscan un abogado que pueda representarlos, sin embargo se presentaron ante la Defensoría del Pueblo para denunciar el accionar policial. “Lo único que nosotros estamos buscando es una explicación y que vengan y paguen por los seis días que hicieron que nuestros hijos pasen hambre, por entrar con armas, patear, romper cosas”.

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