Por Georgina Marcela Parente ([email protected])
La resolución N°4005, del 14 de diciembre de 2018, oficializó el cierre progresivo de 14 escuelas secundarias nocturnas con orientación comercial en CABA, junto a la reducción de matrículas ofrecidas para los liceos y bachilleratos.
La medida había sido previamente anunciada por Horacio Rodríguez Larreta, Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y resistida por docentes y alumnos de las instituciones.
El Gobierno optó por borrar el sistema de inscripciones online de iniciantes para concretar dicha medida, siendo los alumnos ya en proceso quienes tienen, por el momento, la posibilidad de continuar hasta terminar la formación, de modo que estos institutos se vayan extinguiendo.
De alumnos, a trabajadores precarizados
La mayor parte del alumnado de estos institutos son adultos jóvenes que por imposibilidades económicas han abandonado el nivel secundario para incorporarse en el mercado laboral, estos espacios constituyeron una segunda oportunidad, facilitando este horario su reincorporación al sistema educativo.
Mientras tanto, la Ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, se expresó ante los medios «¿por qué el Estado tiene que financiar a gente que fracasó en su vida?»; entendiendo el fracaso como responsabilidad absoluta y subjetiva de quien lo padece, anulando cualquier variable contextual y las imposibilidades u obstáculos impuestos por el sistema socio-político.
Por otra parte, este año comenzará a implementarse en colegios secundarios -iniciando en CABA- el modelo educativo llamado ‘Educación de Futuro’, que sólo aplicará al sistema público y cuyo objetivo es la inmediata inclusión al mercado laboral.
Este sistema significa un recorte en las asignaturas, la unificación de contenidos de diversas áreas y, por supuesto -una vez más-, una importante pérdida laboral en el área docente, incorporando la categoría de «coordinadores» y quedando el último tramo a cargo de empresarios para realizar «pasantías laborales».
Este modelo establece una diferenciación entre la educación pública destinada a generar empleados eficaces y la privada, que continúa permitiendo a los jóvenes elegir, participar y progresar pensando en el ingreso a carreras universitarias.
Eliminar universidades
Pero claro, estas modificaciones resultan completamente coherentes con la creencia de que «los pobres no llegan a la universidad» expresada por María Eugenia Vidal , Gobernadora de la provincia de Buenos Aires, y tiempo atrás por el mismísimo presidente Mauricio Macri, quien preguntó jocoso durante una conferencia de prensa «¿para qué queremos tantas universidades?» conformando un aporte a su profecía auto-cumplida.
Estas normativas se suman a otras tomadas por el gobierno actual para desfinanciar y desguazar la educación pública a nivel nacional. Entre ellas, el cierre de los 47 colegios rurales en la provincia de Buenos Aires, llevado a cabo a inicios de 2018 tras la justificación de la Gobernadora María Eugenia Vidal y el Director General de Cultura y Educación bonaerense Gabriel Sánchez Zinny.
Ambos la argumentaron asegurando que estos colegios contaban con poco alumnado matriculado, pero esta categoría de instituciones se encuentran ubicadas estratégicamente para contar con un promedio de 7 a 10 alumnos y ello no constituye un fracaso institucional, ni mucho menos amerita su cierre sin mediar análisis demográfico ni socio-económico para la falta de alumnado, en todo caso.
Por el contrario, significan un eslabón fundamental para la inclusión en la educación inicial. Además, la mayoría de los alumnos de estas escuelas no cuentan con la posibilidad de trasladarse diariamente a las instituciones donde puedan sean reubicados, quedando así excluidos de la escolarización.
Ley de UNICABA
Y por supuesto, no podemos dejar de hablar de la ley de UNICABA, con una marcada intencionalidad a la homogenización en materia educativa, centralizando las 29 Instituciones de Formación Superior y Formación Docente a fin de justificar el recorte presupuestario y significando la pérdida de cientos de puestos laborales.
Pérdida también de disponibilidades horarias, oferta académica y distribución geográfica, atentando contra la continuidad de la cursada de sus alumnos; replicándose, además, en medidas implementadas en Provincia de Buenos Aires, con la disminución de cursos ofrecidos en los ISFD -Institutos Superiores de Formación Docente-.
Estas medidas implementadas y sostenidas por el Ministro de Educación Alejandro Finocchiaro, no son ingenuas, ni corresponden a errores de gobierno, expresado, sino que responde a una estrategia a favor de este modelo político, a fin de debilitar la educación pública y favorecer la educación privada desde la lógica empresarial, donde la educación, como el trabajo y la salud, en lugar de pensarse como derechos son interpretados como un comercio.
Desde aquella promesa de campaña de construir 3.000 jardines, frente a la fuerte demanda por la falta de vacantes en este nivel, hemos pasado de la mano del gobierno, por preocupantes modificaciones producto del desfinanciamiento en la educación pública.
Cierre de programas de inclusión
A pesar de ello, la educación pública continua organizándose para resistir la abatida que no hace más que evidenciar las voluntades políticas, entre ellos el cierre de programas de inclusión como Conectar Igualdad y el cierre de sedes del Plan Fines.
Ya en años previos, el gobierno actual estableció importantes recortes en educación, preparando para este año una nueva disminución presupuestaria en esta área, lo que se suma a la descentralización, generando un problema tanto de infraestructura como de recursos institucionales a nivel nacional, además de producir una importante desigualdad entre las provincias.
La juventud está perdida en tanto y en cuanto, el Estado no responda brindando las condiciones necesarias para su desarrollo como ciudadanos de derechos, considerando aquí la cobertura completa de las necesidades para ello.
Los recursos económicos para cubrir las necesidades básicas propias y del contexto familiar asegurando la salud psico física, un sistema de salud que se ocupe de prevenir como de asistir a cada grupo familiar, educación para su inclusión y progreso social a fines del empoderamiento personal como nacional, ya que una nación formada es una nación soberana.
Se incluye aquí el derecho a la libre expresión y pluralidad de los contenidos académicos, que aunque parezca una conclusión utópica, no es ni más ni menos que la función del Estado y por lo tanto de quienes nos gobiernan.