Por Luján Gassmann ([email protected])
Un año y medio después de la promulgación de la Ley Micaela, que exige la capacitación obligatoria en materia de género y violencia contra las mujeres de todas las personas que se desempeñan en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación, sólo un 30 por ciento de quienes se han capacitado son hombres.
Así lo afirma Natalia Seoane, formadora de la legislación, después de 20 comisiones que se han hecho hasta el momento. «Afortunadamente los trabajadores y trabajadoras reciben muy bien las capacitaciones y los comentarios son positivos, porque no sólo se empiezan a desnaturalizar algunas conductas, sino que se analizan en el ámbito laboral y también en su vida personal. Aunque debemos reconocer que más del cincuenta por ciento de quienes se capacitan no sabían sobre la ley, ni su obligatoriedad y hasta ahora, sólo un treinta por ciento, aproximadamente, son hombres», reflexiona.
(Foto Gentileza: El Litoral)
En memoria de Micaela García
Sancionada en diciembre de 2018, la Ley 27.499 lleva el nombre Micaela en memoria de Micaela García, estudiante universitaria y joven militante de 21 años que fue víctima de un feminicidio brutal en abril de 2017.
García, que participaba activamente del movimiento Ni Una Menos, fue secuestrada, violada y asesinada a la salida de un boliche en la ciudad de Gualeguay, provincia de Entre Ríos. Su agresor, Sebastián Wagner, tenía antecedentes de haber cometido ataques sexuales previamente y gozaba de liberación anticipada tras una condena de 9 años de reclusión.
La capacitación que establece esta Ley comprende a todas las personas que desempeñan funciones, en todos sus niveles y jerarquías, en cualquiera de los tres poderes del estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.
María Florencia Yubero, integrante de la paritaria CIOT (Comisión de Igualdad de Oportunidades y Trato) y militante de la Ley, dice que «esta legislación fomenta la creación de áreas, programas u oficinas de género, así como que las organizaciones sindicales sean responsables de garantizar la implementación de las capacitaciones. También se estimula que las oficinas de capacitación de cada organismo lleven adelante la elaboración de materiales de acuerdo a la normativa establecida, con todas aquellas convenciones vinculadas a la temática de género y de violencia contra las mujeres, suscriptas por el país».
Balance positivo de las capacitaciones
Según Yubero, en este año y medio de aplicación las experiencias vienen teniendo un balance positivo. «La gente es muy receptiva y realmente se interioriza sobre el tema. Aunque muchos no se inscriben por desinterés en la temática, también a muchos varones los interpela y priorizan otras capacitaciones».
La integrante de CIOT asegura que «sería interesante que tanto los funcionarios como las funcionarias hicieran el curso e inviten a que sus equipos lo hagan. Somos consientes que con esto se allana un terreno para que se vean las situaciones de violencia de género, sobre todo, en el ámbito laboral».
Esta ley sienta un precedente, porque en principio se aplica sólo a nivel estatal, aunque la capacitación no es excluyente para las personas que trabajan en el sector privado. Se debe reconocer, en cualquier caso, que dicho curso no es un requisito obligatorio de acuerdo a lo publicado en el sitio oficial Formate en Red.
Sin embargo, la Ley Micaela y su aplicación es una oportunidad para que se brinden espacios de reflexión, debate y capacitaciones cada vez más en la temática de género y violencia contra las mujeres a todas aquellas organizaciones, empresas, asociaciones e instituciones que se encuentren interesadas.
Todas aquellas personas que se quieran interiorizar sobre la temática o hacer denuncias sobre violencia de género, pueden consultar la página del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, o llamar al 144.