Por Mariana Maidana ([email protected])
La ligadura tubaria, también conocida como ligadura de trompas de Falopio, es una práctica legal en Argentina desde 2006. Sin embargo, son muchas las mujeres en todo el país que afirman haber tenido dificultades para que se les realizara la intervención, que finalmente no se concreta. La negativa siempre se basa en la juventud de quien lo solicita y el hecho de que la solicitante no haya tenido hijos.
Según la ley 26.130, todas las personas gestantes mayores de edad tienen derecho a acceder a la ligadura tubaria como método anticonceptivo quirúrgico. Además, establece que no hace falta el consentimiento del cónyuge o conviviente, a excepción de las personas judicialmente incapacitadas.
Por su parte, el médico tiene la obligación de informarle a la paciente la naturaleza e implicancias de la práctica sobre la salud, las alternativas de utilización de otros anticonceptivos no quirúrgicos autorizados, las características del procedimiento, sus posibilidades de reversión, riesgos y consecuencias.
A la vez, el profesional de la salud tiene derecho a plantear objeción de conciencia, pero en esos casos su obligación es derivar a la paciente con otro facultativo, y todas las instituciones médicas, ya sean públicas o privadas, deben disponer de reemplazos para garantizar este derecho.
¿En qué consiste la ligadura?
Consiste en la oclusión -mediante la ligadura, sección u obstrucción- bilateral de las trompas de Falopio, con el objetivo de evitar que los óvulos liberados por los ovarios puedan desplazarse a través de las trompas y entren en contacto con los espermatozoides.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) es el método anticonceptivo más elegido por las mujeres en el mundo, por su efectividad del 99,5%. Cabe aclarar que este método no previene las enfermedades de transmisión sexual, por lo cual es necesario el uso de preservativos para su prevención.
Una ley que no se cumple
Carla Cereda es de la provincia de Mendoza, tiene 28 años y desde que tiene 15 está convencida de que no quiere ser madre, por eso ha decidido ligarse las trompas. Pero hasta el momento, no ha podido hacerlo. ¿La causa? Las negativas de diferentes hospitales públicos, incluso privados también: «siempre digo que fue como un llamado interno que tuve, porque desde la adolescencia que estoy decidida a ligarme las trompas. Desde ese momento tuve claro que no quería ser madre y me mantengo firme en esta decisión, pero lamentablemente todavía no he podido concretarlo porque en los cuatro hospitales gratuitos de acá de Mendoza a los que fui me la negaron. ¿La razón? Por ser joven y por no tener hijos».
para realizarse una práctica médica que es legal.
Carla también cuenta que después de conocer la Ley 26.130 se ha dirigido con el texto impreso a dos lugares más de Mendoza: el Hospital Español y el Hospital Del Carmen, pero también se la han negado: «a pesar de llevar el texto de la ley impreso, todos los médicos me decían lo mismo, que todavía soy muy joven y que puedo cambiar de parecer y querer tener hijos. Muchas mujeres seguimos peleando para que nos hagan la intervención aunque no hayamos tenido hijos. Es nuestro derecho y no se está cumpliendo. Incluso, en el Hospital Luis Lagomaggiore, que es uno de los primeros a los que fui, hay una lista de espera con mujeres que aguardan a que les hagan el procedimiento pero nunca las llaman para concretarlo».
Más casos
Algo parecido le ha sucedido a Andrea Caballero, de la provincia de San Juan. A pesar de tener sólo 23 años, siempre ha estado convencida de no que quiere ser madre de la manera convencional y eso la ha llevado a querer ligarse las trompas. A pesar de su convicción, una vez más, el derecho a decidir sobre su cuerpo le ha sido negado con mentiras.
«Antes de la pandemia fui al Hospital Marcia Quiroga para recibir asesoramiento, y después para que me realizaran la ligadura de trompas, pero me dijeron que los requisitos eran ser mayor de 30 años y tener como mínimo 3 hijos. Cuando fui a la consulta con el médico le pregunté si me podía derivar y me dijo que ningún profesional iba a acceder a realizarme la operación», relata Andrea.
En el caso de Luciana Lagos, oriunda de La Matanza, provincia de Buenos Aires, la situación es similar a los casos anteriores. Desde muy pequeña supo que no deseaba ser madre, por eso ya a los 18 años había asistido a su primera consulta para ligarse las trompas. La respuesta que ha recibido desde entonces es que aún es muy joven y que más tarde se podría arrepentir de la decisión.
Lo único que hicieron fue brindarle otras alternativas de anticoncepción, pero que su cuerpo rechaza. «Tomé las pastillas que me daban pero me hacían muy mal. Después de cuatro años volví a insistir con la ligadura tubaria, pero el argumento fue el mismo. Al decirle a los médicos que los anticonceptivos me hacían mal, probamos con otros métodos como el dispositivo intrauterino (DIU) de cobre, porque me decían que tenía que esperar a cumplir 25 años para la cirugía, pero a mi cuerpo también le hacían mal», recuerda Luciana.
En su caso, se agrega que las hemorragias que le provocaba el DIU la convencieron de insistir para que le realizaran la intervención «pero por la pandemia se han suspendido los procedimientos, así que sigue pendiente», finaliza, resignada.
Los pasos legales
Mariela De Marco, abogada y activista por los derechos de las mujeres, explica que cuando se ve vulnerado un derecho básico de salud sexual, como es el caso del acceso a la ligadura tubaria, es necesario denunciar ante las autoridades correspondientes.
«Aunque los médicos y las médicas sean objetores de conciencia, deben respetar los derechos de las pacientes y tienen la obligación de derivarlas. Si no lo hacen, hay que denunciar en la Superintendencia de Servicios de Salud, donde obligan a la obra social, la prepaga o al Estado mismo, en caso de que la paciente no tenga cobertura médica privada, a que busque un lugar y un profesional de la salud que no sea objetor», explica la letrada.
De Marco añade que, en caso de no recibir respuestas por parte de la Superintendencia, se puede proceder a un amparo judicial para que un juez obligue a la institución implicada a que le realice la intervención a la denunciante.
El panorama es incierto, porque como explica la Doctora Mariela De Marco, «hasta que no se sancione a los médicos que obstaculizan el acceso a este derecho con desinformación, esto va a seguir pasando».