Aborto en El Salvador, una agonía interminable

Las mujeres salvadoreñas ruegan por la legalización del aborto en un país donde son penalizadas independientemente de su causal.

Las mujeres salvadoreñas ruegan por la legalización del aborto en un país donde son penalizadas independientemente de su causal.

Las mujeres salvadoreñas ruegan por la legalización del aborto en un país donde son penalizadas independientemente de su causal.

Por Pablo Kulcar

Maira Verónica Figueroa Marroquín, de 35 años, cumplió una condena de 15 años en prisión acusada de tener un aborto espontáneo a la edad de 19 años después de sufrir una violación. Trabajaba como empleada doméstica. Su causa es igual a la de miles de mujeres que sufren abortos, ya sea provocados o espontáneos, en un país que los iguala al homicidio.

El Salvador es un país donde esta práctica está prohibida en cualquier hecho o circunstancia sin importar el peligro que pueda estar corriendo la salud de la mujer embarazada. Cientos de mujeres protestaron en el último Día de la Mujer para exigir soluciones a la violencia de género y la penalización del aborto.

Abortar es inaceptable y sólo es visto como un delito. El solo hecho de parir un bebé muerto puede ser considerado dentro del actual marco legal como un aborto o un asesinato.

Un Código Penal inhumano

El Código Penal en su artículo 133 determina la ilegalidad de la práctica. El juez es quien determinará la sentencia y el encuadre, dejando a las mujeres indefensas frente a tal decisión. En estos casos la justicia establece un rango de penas que van desde 8 años de cautiverio hasta, en algunos casos, 30 años de prisión.

De todas maneras, en el congreso de la república, la reforma del Código Penal para despenalizar el aborto no ha llegado siquiera a discutirse. Los diputados se negaron a hacerlo, así que se ha perdido una oportunidad histórica de reformar la actual legislación.

El proyecto establecía condiciones que respetan derechos adquiridos y reconocidos por la mayoría del resto de los países. Son sólo tres los casos que dicha reglamentación pretendía autorizar: violación sexual, malformación del feto y riesgo de vida para la paciente.

La Asamblea Legislativa tiene un ciclo legislativo a finales de abril, cuando se renovará el órgano parlamentario. Esto abre una nueva oportunidad para aprobar las iniciativas propuestas y proteger los derechos de las mujeres, que en este territorio sufren una de las tasas de feminicidios más altas del mundo, con un promedio de 8,9 homicidios cada 100.000 mujeres, según cifras del propio Ministerio de Seguridad salvadoreño.

La Organización Mundial de la Salud llamó la atención a las autoridades ya que la mayoría de las prácticas se realizan de manera clandestina, sin ningún tipo de procedimiento que contemple la salud de la embarazada, provocando, según el organismo internacional, un total de muertes que llega al 11% de los abortos realizados.

Mujeres vulnerables e indefensas

El estado de vulnerabilidad de la mujer salvadoreña cuando su embarazo presenta complicaciones es total. La inflexibilidad de las leyes provoca que en algunos casos sean abandonadas hasta por los hospitales públicos, ya que temen incurrir en un delito, o peor aún, pueden ser denunciadas por el personal médico que las atiende o los trabajadores del centro asistencial.

Mural que muestra las diversas consignas en la lucha por los derechos de la mujer.

Esto convierte un caso de riesgo sanitario en una pesadilla. Es común que una adolescente embarazada tras ser violada y que sufre un aborto instantáneo despierte esposada a su cama de hospital.

La condición económica agudiza la situación de debilidad e indefensión. Casi el 80% pertenece a estratos sociales que reciben sueldos magros, que en ningún caso les permiten atención en una clínica privada al momento de abortar. Esta es una de las causas por las que recurren a prácticas pocos seguras y, algunas veces, caseras.

Violeta Menjívar, ministra de salud, se ha declarado en favor de la despenalización, aclarando que este es un problema que precisa varias miradas, pero sobre todo normas más flexibles.

A pesar del statu quo imperante la mayoría del pueblo salvadoreño está a favor de cambios en la legislación que penaliza las prácticas abortivas. Son los grupos conservadores y religiosos, muy caracterizados, los que aún se resisten a miradas más realistas y humanas del problema. Una nueva normativa y la movilización de las mujeres son la única esperanza de las 24 que todavía hoy están detenidas.

Amnistía Internacional entregó una petición firmada por 268.630 personas de 60 países para instar a la Asamblea Legislativa de El Salvador a despenalizar el aborto en estas circunstancias.

Fuentes

Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA).

Desde el 13 de julio de 1985, a raíz de la inauguración de la primera casa-taller, un grupo de mujeres se denominó formalmente “Mujeres Salvadoreñas por la Paz” (ORMUSA) con el propósito de promover la igualdad, la equidad de género y el apoderamiento económico, social y político de las mujeres. Hasta la fecha, esta iniciativa ha puesto en marcha decenas de proyectos beneficiando directa e indirectamente a miles de mujeres en diferentes partes de El Salvador.

Amnesty International.

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