Por Inés Tiphaine ([email protected])
El Poder Ejecutivo Nacional ha propuesto la Ley de Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y con ella, el derecho de la mujer a elegir sobre su propio cuerpo. La estadística de lo que está ocurriendo en la República Argentina llena de razones a la política para avanzar en esta dirección.
El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), en Argentina brindó los datos sobre las prácticas de los abortos clandestinos dónde se muestran que se realizan entre 370 mil y 520 mil abortos por año de forma clandestina. Además según datos otorgados por la Fundación Huésped el 16,3% del total de las interrupciones de los embarazos del país corresponden a menores de 20 años.
El Presidente Alberto Fernández anunció en las sesiones ordinarias del 1 de marzo el proyecto de ley de interrupción legal del embarazo (IVE). Si la ley obtiene sanción completa (tuvo media sanción en 2018 porque sólo fue aprobada por la Cámara de Diputados). Las mujeres y personas gestantes tendrán derecho a interrumpir de manera legal su embarazo dentro de las primeras catorce semanas de gestación que lo soliciten.
Raquel Vivanco, referente del movimiento ‘Marea Feminista’, asegura que “el Estado debe garantizar la ley voluntaria de interrupción del embarazo en los casos que estén previstos para la ley que es cuando está en riesgo la vida o salud de las mujeres, o cuando estos embarazos son producto de una violación”.
La Ley de Educación Sexual (ESI) sancionada en 2006 tiene como uno de sus objetivos principales establecer información sobre educación sexual integral en todos los establecimientos educativos de gestión estatal y privada. Silvia Ferreyra, Coordinadora de Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLa) señala que “la ley de Educación Sexual es una herramienta para brindar información sobre la sexualidad y también para prevenir la violencia de género”.
Puntualiza Silvia Ferreyra que “respecto a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, nosotros lo que estamos necesitando es que se garantice la posibilidad de interrumpir el embarazo hasta las 14 semanas de gestación que es que lo que plantea el proyecto. Se tendría que instrumentar dentro de los cinco días solicitados». Y agrega que «tiene que haber una información certera, entender el proceso, cuales son los riesgos, las posibilidades. Esa información tiene que ser accesible. Por otro lado no solo tiene que ser en los hospitales públicos sino también en las obras sociales. Todo de forma gratuita y obligatoria. No puede haber restricción para su aplicación”.
En relación a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo Ferreyra marca que “los abortos clandestinos son un problema de la salud pública y urge darle una respuesta. Hay una cifra entre 45.000 y 50.000 internaciones en hospitales públicos a causa de abortos mal realizados. Eso sin contar los del sector privado”.
Los puntos verdes desde el 28 de febrero fueron creados por las Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLa) con el objetivo de difusión, en encuentros en las plazas de todo el país que han permitido tener un contacto directo con la gente en la calle. En esos lugares se brinda información sobre los fundamentos y la importancia de la aprobación en el Congreso de la Nación del derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito. Silvia Ferreyra indica que “son puntos de encuentro para aclarar bien que significa la ley, y brindar información sobre el aborto, sobre el procedimiento”.
Cecilia Ousset es médica, especialista en tocoginecología que realizó un aborto en la ciudad de Tucumán junto a su marido el Dr. José Gigena a una nena de 11 años que cursaba un embarazo de 23 semanas producto de una violación. En el diario La Tinta escribió una nota donde confesó que “vi morir mujeres que pasaron lamentablemente sus últimos minutos lúcidas conmigo y una policía preguntándole quién le había realizado el aborto porque era un delito”.
“Por todo eso, por dieciocho años en la práctica ginecológica , por mujer, por católica, por trabajar permanentemente mi interior para lograr la coherencia y abandonar en la mayor medida posible la hipocresía, digo: QUIERO ABORTO LEGAL, SEGURO Y GRATUITO para todas las mujeres que se encuentren en una situación desesperante e íntima”, subrayó.
Hay una brecha entre quienes están a favor de la legalización de la Ley de la Interrupción Voluntaria del Embarazo que son los que utilizan el pañuelo verde y quienes se oponen a la Ley, gente que se deja ver con el pañuelo celeste. Lo importante es respetar el derecho de la mujer.
“El Estado debe garantizar la realización de esta práctica. Para esto esperamos, deseamos, que este año finalmente esta ley sea sancionada”, asegura Raquel Vivanco.